Aprobar rápido no basta

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En el primer semestre de este año los Tribunales Ambientales recibieron un número récord de reclamaciones y hoy mantienen en litigio proyectos por más de diez mil millones de dólares. El dato ha instalado una expresión nueva, la «segunda permisología», para describir los años que un proyecto puede seguir esperando después de obtener su RCA. Conviene detenerse y analizar dónde empieza el problema, porque en muchos casos la llamada “segunda permisología “se incuba en la primera.

Hoy se está implementando la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y el sector minero, responsable de 13% del PIB de nuestro país, avanza en reemplazar un número importante de permisos por declaraciones juradas y técnicas habilitantes alternativas. Es una buena noticia y hay que decirlo sin ambigüedades, pues había trámites que no agregaban protección alguna y solo sumaban meses. Pero la experiencia nos ha enseñado que un procedimiento más corto no es necesariamente uno más seguro y mejor, y que cuando una evaluación queda mal fundada, el tiempo que se ahorró en la tramitación se paga después, con intereses, en tribunales.

Desde el Estado, en la autoridad ambiental y en el gobierno regional, y desde el ejercicio privado, asesorando a empresas y titulares de proyectos, hemos visto pocas iniciativas detenidas por exigencias técnicas imposibles de cumplir. Lo que hemos visto con mucha más frecuencia son servicios que se pronuncian uno después del otro, antecedentes que se piden varias veces en formatos distintos, criterios que cambian según quién revisa el expediente y equipos profesionales sobrecargados de trabajo, que simplemente no dan abasto. Esa fragilidad no desaparece con la RCA, queda escrita en ella, y es lo primero que aparece cuando alguien la reclama.

Es por ello que nos preocupa que la discusión se ordene solo en torno a los plazos. Para una inversión de treinta años la duración de la tramitación de la RCA importa, pero importa mucho más saber qué viene después de ella. Un banco puede financiar una tramitación larga; lo que no puede financiar es una aprobación que nadie sabe si va a resistir embates posteriores.

Tampoco nos parece útil leer el aumento de reclamaciones como un abuso. Que comunidades y organizaciones acudan a los tribunales es parte del diseño de nuestra institucionalidad y, en más de un caso, ha permitido mejorar proyectos. La pregunta que corresponde hacerse es otra: cuántas de esas controversias podrían haberse resuelto dentro de la propia evaluación si los servicios hubieran contado con criterios claros, equipos adecuados tiempo razonable para revisar y una instancia real de coordinación entre ellos.

Hay además un actor que suele quedar fuera. Los proyectos terminan instalándose en comunas concretas, con efectos sobre caminos, vivienda, agua y servicios, y los municipios y gobiernos regionales conocen ese territorio mejor que nadie. Cuando su opinión llega tarde, o no llega, el conflicto no se evita, se posterga, y muchas veces termina precisamente en una reclamación.

Nuestra propuesta es concreta: que la implementación de la nueva ley de permisos sectoriales se mida no solo por los días que ahorra, sino por la calidad de lo que produce. Eso exige un expediente digital único y trazable, criterios técnicos públicos uniformes que no cambien de una región a otra, participación temprana de municipios y gobiernos regionales, y una inversión seria en los equipos que evalúan (también en los propios Tribunales Ambientales, que necesitan recursos para resolver a tiempo). Una RCA bien fundada sigue siendo la mejor defensa que tiene un proyecto. Aprobar rápido sirve de poco si no se aprueba bien.