Clientes libres advierten suma de nuevos cargos a pagar con proyecto de transición energética

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Una serie de observaciones al proyecto de ley de transición energética, que se revisa en la Comisión de Minería y Energía del Senado, realizó la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor A.G.), principalmente enfocados en la suma de nuevos cargos a pagar por los clientes, estimados en $11 por kWh, según indicó el director ejecutivo del gremio, Javier Bustos, ante los legisladores.

Según explicó, la iniciativa legal «incluye propuestas que implicarán alzas relevantes en las cuentas finales de todos los clientes», específicamente en los ámbitos que contiene el proyecto en materia de ingresos tarifarios, licitaciones de almacenamiento, nueva transmisión y el presupuesto del Coordinador Eléctrico Nacional.

En la reasignación de ingresos tarifarios, Bustos dijo que la pérdida para los clientes podría ser de 3,3 a 4 pesos por kWh, mientras que en las licitaciones de proyectos de almacenamiento los clientes tendrían que hacerse cargo de «financiar infraestructura de la cual se beneficiará el negocio de la generación», añadiendo que «el cargo a clientes puede ser de 3,8 a 4,5 pesos por kWh adicionales a la pérdida de los ingresos tarifarios».

Tambié mencionó que habrán nuevos costos en transmisión por las obras nuevas, lo que implicará «un mayor cargo a pagar por todos los clientes, que estimamos en al menos 2,6 $/kWh, al 2028». Finalmente indicó que el mayor presupuesto para el Coordinador Eléctrico Nacional redundará en los clientes, mediante el cargo por servicio público, el cual actualmente es de 0,701 pesos por kWh, pero «si incluimos una
estimación del costo de nuevas funciones llegamos a 1 peso por kWh».

Bustos sostuvo que estas nuevas alzas se pueden ejemplificar en el caso de distintos clientes eléctricos, presicando que un aserradero en Loncoche podría ver aumentados sus costos en $3,4 millones adicionales a $35 millones mensuales que paga en promedio», en tanto que una empresa agrícola en San Vicente sería de $3 millones adicionales a los $32 millones que paga en promedio. Para el caso de la Zona Franca en Iquique, afirmó que vería aumentado el costo en $5,1 millones adicionales a $50 millones mensuales que paga en promedio.

«Este proyecto agrega cargos y aumenta los existentes sólo a los clientes. En la experiencia internacional vemos que los mayores costos son compartidos, no solo con cargo a los clientes. Creemos en una transición energética justa y este proyecto va en contra de ello», concluyó el representante gremial.