Desalinización: estudio propone 10 medidas para incentivar uso de infraestructura compartida con minería
Este es uno de los dos estudios presentados por el Ministerio de Minería y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), para avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y con mayor equidad territorial.
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Un total de 10 propuestas tiene el estudio «Incentivos para el desarrollo de infraestructura compartida en la industria minera», presentado por el Ministerio del ramo y por la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), que identificó las principaes barreras que actualmente limitan el desarrollo de est tipo de instalaciones, por lo que plantea un conjunto de medidas para avanzar hacia modelos multicliente ymultipropósito.
El trabajo fue elaborado por T&T Consultores y financiado por el programa de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, tambien busca entregar insumos concretos para el diseño de políticas públicas y herramientas que permitan transitar hacia soluciones resilientes y con visión de largo plazo, particularmente en materia hídrica y desalación.
Propuestas
El estudio plantea sus identificó cinco barreras desde la minería para el desarrollo de esta infraestrutura, proponiendo dos medidas por cada una de ellas, con el respectivo valor que tendría para la industria.
En primer lugar se mencionó la desincronización de cronogramas entre proyectos y etapas de inversión, para lo que se propone la planificación territorial anticipada y estándares de evaluación técnica, reduciendo la incertidumbre y facilitando el
diseño colaborativo.
La segunda barrera es el riesgo financiero por ausencia de demanda asegurada, para lo cual se platea como solución un fondo de cofinanciamiento y derechos de disponibilidad hídrica transferibles, lo que mejoraría la bancabilidad y permitiría
una entrada progresiva de actores.
Luego de identificó un modelo de permisos fragmentado, extenso y sin enfoque sistémico, razón por la cual se proponen zonas con permisos preaprobados y criterios habilitantes territoriales, beneficiando a la minería con la aceleración de las tramitaciones y la redución del riesgo normativo.
Otra barrera es la falta de una gobernanza supra contractual o articulación interinstitucional, planteando la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura Hídrica (ANIH) y de Consorcios regionales, cuyo valor para la minería sería definir reglas, roles y mecanismos de coordinación eficaz.
Finalmente se planteó como barrera la presencia de una lógica de control frente a escenarios de incertidumbre hídrica, proponiendo como solución una gobernanza adaptativa con la participación de la ANIH y mecanismos de emergencia y
resiliencia, para que el sector minero cuente con mayor seguridad operacional y flexibilidad en crisis.
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