Francisco Irarrázaval: “A pesar del enorme potencial que tenemos en recursos renovables ninguno de los actores del sistema eléctrico se muestra satisfecho”

Comparte en:

Un análisis coyuntural del sistema eléctrico realizó Francisco Irarrázaval, socio de CEP&D Abogados, en conversación con ELECTROMINERÍA, abordando el entramado regulatorio, entregando su visión respecto a la actual Ley de Transición Energética, la incorporación de nuevas tecnologías como los medidores inteligentes y sobre los principales retos del mundo jurídico en el sector eléctrico nacional.

Respecto a los fallos que viene ratificando la Corte Suprema en contra de las empresas distribuidoras, el experto considera que “mientras no tengamos una nueva ley de distribución que incorpore mayores exigencias en la calidad de servicio a las distribuidoras, el rol que ejerza tanto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), como los Tribunales de Justicia va a ser esencial”.

¿Cómo evalúa el actual entramado regulatorio del sector eléctrico?

El marco regulatorio eléctrico chileno es tan enredado y complejo como puede ser el sinfín de cables que muchas veces vemos en nuestras oficinas o casas detrás de nuestras pantallas. Si bien tenemos una Ley General de Servicios Eléctricos que marca las bases estructurales de todo el sistema, lo cierto es que la gran mayoría de los temas que van apareciendo se van regulando en nuevos reglamentos, normas técnicas, resoluciones, oficios e incluso procedimientos internos (en el caso el Coordinador), que muchas veces no tienen ni la publicidad ni el debido control de legalidad que merecen.

Lo anterior repercute en un gran desconocimiento de las normas aplicables no sólo de parte de los clientes o actores que están involucrados en la industria de la energía, sino que también de las propias autoridades que muchas veces no saben cómo regular o definir adecuadamente el alcance de ciertas normas. Para solucionar lo anterior me parece urgente no seguir abusando de normas de bajo rango legal pare regular materias esenciales del sistema eléctrico, y al mismo tiempo dar respaldo y presupuesto necesario a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que cumpla su rol interpretativo de las normas eléctricas.

A pesar del enorme potencial que tenemos en recursos renovables ninguno de los actores del sistema eléctrico se muestra satisfecho. Los generadores con grandes problemas para llevar a cabo sus proyectos, sea por retrasos en permisos, dificultades en transmisión, o la dificultad para conseguir contratos PPA y/o financiamientos. Las empresas transmisoras tienen los mismos obstáculos para la construcción en tiempo de las líneas y subestaciones, así como también grandes temores respecto a la valorización que hace la autoridad de sus activos. Las distribuidoras por parte tienen grandes problemas de recaudación, y la calidad de su servicio viene hace bastante tiempo siendo percibido de mala manera por los clientes finales

¿Qué visión tiene del actual proyecto de ley de transición energética y los reparos que han planteado algunos gremios?

No me parece un buen proyecto, ya que adolece de los mismos problemas que otros proyectos de ley en materia eléctrica han tenido en el pasado y que hasta el día de hoy duermen en el Congreso. Si bien este proyecto de ley nace de una bien intencionada idea de ayudar a determinas empresas generadoras que atraviesan graves problemas económicos, lo cierto es que contiene una serie de deficiencias que ya han sido muy bien explicadas por distintos gremios. Por regla general los proyectos de ley en materia eléctrica que se han convertido en ley son aquellos que regulan una sola materia y de manera simple, situación que no se ve en este proyecto que pareciera ser multipropósito. Asimismo, es insalvable que aquellas mejoras que se pretenden introducir sean nuevamente a costa de los clientes finales.

¿Cree que se pueda llegar a un equilibrio entre el ingreso de nuevas tecnologías y las tarifas a clientes finales (libres y regulados) mediante la regulación eléctrica disponible?

Absolutamente. Estoy convencido que es posible incorporar nuevas tecnologías aun cuando impliquen mayores costos en la medida que los beneficios de estas sean correctamente informados y entendidos por los clientes finales, y que estos últimos no sean los únicos que deban asumir los costos aparejados a la nueva tecnología. Si me permite el ejemplo del cual tenemos que aprender es precisamente el de los medidores inteligentes. Los beneficios de estos son enormes, pero la administración y empresas eléctricas en su minuto fueron incapaces de explicárselos de buena forma a los clientes finales.

¿Cómo observa el actual nivel de controversias entre desarrolladores PMGD y empresas distribuidoras que debe resolver la SEC?

Ha cambiado bastante la naturaleza de conflictos que hoy vemos entre los desarrolladores de PMGD y las distribuidoras. Antiguamente se solían presentar controversias para mantener vigentes los permisos de conexión (ICC) argumentando eventos de fuerza mayor. Hoy en día, con el nuevo Reglamento (DS 88) los problemas ya no radican tanto en la vigencia de la ICC, sino más bien en los retrasos de las empresas distribuidoras en la ejecución de las obras adicionales que permitan la conexión de los proyectos PMGD a la red. Es probable el principal problema que estamos viendo en nuestras asesorías, y algo que seguramente sea materia de mejora en una próxima regulación sobre PMGDs.

¿Cómo ve los fallos de la Corte Suprema que han ratificado sanciones para empresas distribuidoras, los que han aumentado en montos últimamente?

Mientras no tengamos una nueva ley de distribución que incorpore mayores exigencias en la calidad de servicio a las distribuidoras, el rol que ejerza tanto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), como los Tribunales de Justicia va a ser esencial. Hay bastante consenso en que la gran mayoría de las multas que se les imponen a las distribuidoras no tienen el efecto disuasivo que se espera, por lo mismo la SEC ha comenzado a hacer un trabajo muy exhaustivo sobre el real incumplimiento que tienen de sus deberes. La reciente multa contra la empresa CGE por $13 mil millones por no cumplir con estándares SAIDI (tiempo medio de interrupción por cliente) va precisamente en esa línea. La SEC hizo un acucioso trabajo para llegar a la conclusión y formular cargos por la escasa o nula mantención que se hace a la infraestructura de distribución, la cual no sólo golpea a consumidores finales – especialmente ubicados en zonas rurales – sino que también a desarrolladores PMGD que a través de obras adicionales cubren trabajos que corresponde (y se pagan) a las Distribuidoras.

A su juicio, ¿cuáles son los principales retos de mundo jurídico en el sector eléctrico nacional?

El principal y más urgente reto es sacar el nuevo reglamento de potencia que de entregue las señales de remuneración suficientes para la entrada de sistemas de almacenamiento. Luego, urge sacar adelante varias de las modificaciones al sistema de transmisión, que permitan más rapidez y eficiencia en su planificación, y construcción. En tercer lugar, una reforma estructural al sistema de distribución en Chile, que ponga en primer lugar la calidad del servicio que deben recibir los clientes finales, y al mismo tiempo, elimine trabas para la mayor incorporación de proyectos de generación de energía distribuida, principalmente proyectos net billing que es algo que debiese entrar masivamente en los próximos años.