Humberto Verdejo: “la renegociación de contratos es la herramienta con mayor potencial para reducir las tarifas eléctricas”

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La aprobación de la nueva Ley de Tarifas Eléctricas representa un paso relevante en el proceso de modernización del sector eléctrico chileno, pues busca enfrentar la reliquidación pendiente del Valor Agregado de Distribución (VAD), fortalecer los mecanismos de protección para los consumidores vulnerables y habilitar herramientas que permitan reducir los costos futuros del suministro eléctrico.

En conversación con ELECTROMINERÁ, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago y especialista en regulación eléctrica, analiza los principales alcances de la nueva legislación, sus efectos para los clientes regulados, el impacto sobre las inversiones y los desafíos que marcarán la implementación de esta reforma.

Tras la aprobación de la ley, ¿qué cambios concretos deberían esperar los clientes regulados en sus cuentas de electricidad durante los próximos meses? ¿Es posible proyectar cuándo comenzarán a percibirse sus principales efectos?

Lo primero que es importante aclarar es que la ley permite evitar aumentos bruscos e inequitativos asociados al pago de una deuda regulatoria pendiente del segmento de distribución eléctrica. Esta obligación corresponde a la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD) del período 2020 2024 y no debe confundirse con las deudas originadas por los mecanismos de estabilización del precio de la energía. La solución aprobada distribuye a partir de enero del 2028 el pago de manera más gradual y sistémica, evitando que el impacto se concentre únicamente en los clientes de determinadas empresas, comunas o regiones.

En el corto plazo los clientes comenzarán a observar tres efectos concretos:

• Un mecanismo más gradual y solidario, que inicia en enero del 2028, para pagar la reliquidación pendiente del VAD, correspondiente exclusivamente al segmento de distribución, evitando que algunos consumidores enfrenten incrementos muy superiores al promedio nacional.
• La ampliación de beneficios para clientes electrodependientes, fortaleciendo su protección económica frente al costo de la energía.
• La implementación de mecanismos orientados a reducir el costo futuro del suministro, especial mente mediante la renegociación voluntaria de contratos de energía.

Algunas medidas, como la ampliación de subsidios o los nuevos mecanismos tarifarios, pueden comenzar a reflejarse una vez publicados los reglamentos y decretos respectivos. Otras, como la renegociación de contratos, producirán efectos de manera gradual durante los próximos años, ya que requieren procesos de negociación entre las partes y posteriormente su incorporación en la fijación de precios regulados.

En términos generales, la ley no elimina todos los factores que pueden presionar al alza las tarifas, pero evita que la reliquidación pendiente de distribución se cobre de manera abrupta y territorialmente desigual. Al mismo tiempo, incorpora herramientas que pueden reducir costos futuros y mejorar la calidad del suministro.

¿qué impacto tendrá esta ley en el desarrollo de nuevos proyectos de generación, transmisión y almacenamiento de energía? ¿Contribuye a entregar mayor certeza regulatoria para las inversiones?

Desde el punto de vista de las inversiones, la estabilidad regulatoria es tan importante como la renta bilidad de los proyectos. Esta ley contribuye a reducir una fuente relevante de incertidumbre regulatoria que se había acumulado durante los últimos años.

El sistema eléctrico requiere reglas estables para atraer inversiones en generación, transmisión, almacenamiento y distribución. Cuando existe incertidumbre respecto del reconocimiento y pago de costos regulados, aumenta el riesgo regulatorio y, por lo tanto, el costo de financiamiento de nuevos proyectos. En este caso particular, la obligación pendiente se origina en la reliquidación del VAD del segmento de distribución, debido al desfase en la actualización de sus tarifas durante el período 2020 2024.

La ley entrega una señal positiva en tres dimensiones:

• Define un mecanismo gradual de pago de la deuda pendiente del VAD correspondiente al seg
  mento de distribución. El período pago inicia en enero del 2028 y finaliza en diciembre del 2035.
  El efecto en la cuenta final estará entre el 2% y 3%.
• Abre la posibilidad de reducir costos futuros mediante renegociaciones voluntarias de contratos.
  Habilita la opción que empresas distribuidoras presenten planes de obras urgentes para mejorar
  la calidad de suministro por sobre lo que establece la norma técnica vigente.

Lo anterior contribuye a mejorar la confianza de inversionistas, aunque naturalmente la estabilidad regulatoria dependerá también de la consistencia con que se implementen las futuras políticas públicas.

La renegociación de contratos de suministro es uno de los ejes centrales de la ley, ¿Qué tan relevante puede ser este mecanismo para reducir las tarifas en el mediano y largo plazo y cuáles son los principales riesgos para su implementación?

Desde mi punto de vista, la renegociación de contratos es la herramienta con mayor potencial para reducir las tarifas en el corto plazo. Muchos contratos vigentes fueron adjudicados bajo condiciones económicas muy distintas a las actuales. Hoy existen menores costos de tecnologías renovables, mayor competencia y cambios relevantes en los precios internacionales de la energía. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es importante mencionar que los contratos de suministro garantizan certeza en precio final y evitan someter al usuario a las variaciones que ocurren en el mercado diario. Además, cuando se habla que aún existen contratos caros, dichos precios responden a las condiciones de oferta que existían en esos momentos, por lo que se debe ser muy cuidadoso al comparar períodos diferentes de tiempo.

Si las renegociaciones permiten reducir precios manteniendo los incentivos para las empresas generadoras, los beneficios pueden extenderse durante muchos años, generando reducciones en las cuentas eléctricas.

Sin embargo, el éxito dependerá de tres factores fundamentales:

• Que las renegociaciones sean verdaderamente voluntarias y generen beneficios para ambas par
  tes.
• Que exista suficiente transparencia respecto del ahorro obtenido.
• Que el beneficio llegue efectivamente a los clientes regulados mediante menores tarifas futuras.

En definitiva, no basta con renegociar contratos; es indispensable asegurar que esa reducción de costos sea completamente traspasada a los consumidores.

La ley fortalece los subsidios para los hogares más vulnerables, ¿considera que el mecanismo aprobado logra compatibilizar la protección de los consumidores con la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico?

A partir de la Ley 21.667 del proceso de normalización tarifaria, se incluyó el financiamiento del subsidio eléctrico para usuarios que se encuentre dentro del 40% del Registro Social de Hogares. Este financiamiento termina en diciembre de este año y el proyecto lo que hace es extender este beneficio por todo el año 2027.

Con la ley ya aprobada, ¿cuáles serán los principales desafíos regulatorios, técnicos y administrativos para que las medidas contempladas se implementen en los plazos previstos y generen el efecto esperado sobre las tarifas?

La aprobación de la ley es un paso muy importante, pero probablemente la parte más compleja comienza ahora: implementarla correctamente.
Los principales desafíos estarán en:

• Dictar oportunamente los reglamentos y decretos necesarios.
• Ejecutar correctamente las renegociaciones contractuales.
• Coordinar el trabajo entre Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad y Combustibles y empresas eléctricas.
• Implementar adecuadamente los nuevos mecanismos de subsidio y protección para electrodependientes.
• Materializar las inversiones urgentes en distribución que permitan mejorar efectivamente la calidad de servicio.

La experiencia demuestra que los retrasos en los procesos tarifarios pueden generar diferencias relevantes entre los ingresos reconocidos por la regulación y los efectivamente percibidos por las empresas. Precisamente, la deuda que aborda esta ley corresponde a la reliquidación del VAD del segmento de distribución para el período 2020–2024. Por ello, una implementación oportuna será tan importante como la propia aprobación de la ley y deberá evitar que vuelvan a acumularse desfases similares.

¿Esta ley resuelve los principales problemas estructurales del sistema tarifario chileno o aún quedan reformas relevantes por abordar? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la próxima agenda regulatoria?

La ley constituye un avance importante, pero no agota la agenda de modernización del sector eléctrico.

Todavía existen desafíos estructurales que deberán abordarse durante los próximos años. Entre ellos destacan:

• Modernizar el diseño tarifario para enfrentar un sistema con alta penetración de energías renovables.
• Incorporar con mayor fuerza el almacenamiento y la flexibilidad de la demanda.
• Revisar algunos mecanismos tarifarios heredados que fueron diseñados para un sistema eléctrico muy distinto al actual.
• Continuar fortaleciendo la calidad de servicio mediante incentivos efectivos a la inversión en distribución.
• Avanzar hacia señales económicas más eficientes que incentiven un uso inteligente de la red eléctrica.

En otras palabras, esta ley resuelve problemas urgentes, pero la transformación del sector eléctrico continuará siendo un proceso de largo plazo.

Usted ha señalado en distintas oportunidades que el problema tarifario tiene causas estructurales. En una escala de 1 a 10, ¿qué nota le pondría a esta ley y qué aspectos considera que quedaron pendientes o podrían perfeccionarse en futuras modificaciones?

Le pondría una nota 9 sobre 10. Es una buena ley porque enfrenta problemas reales que requerían una solución inmediata: reduce el impacto del pago de la reliquidación pendiente del VAD del segmento de distribución; fortalece la protección a consumidores vulnerables y electrodependientes; incorpora la posibilidad de renegociar contratos de suministro; y comienza a vincular la política tarifaria con inversio nes que pueden mejorar la calidad del servicio.

Sin embargo, aún existen aspectos a mejorar y seguir desarrollando:

• Sería deseable profundizar los mecanismos que aseguren que toda rebaja obtenida mediante renegociaciones sea traspasada íntegramente a los usuarios finales.
• Todavía existe espacio para seguir modernizando la regulación tarifaria de distribución, incorporando incentivos más directos a la inversión y a la calidad de servicio.
• Será necesario continuar revisando el diseño integral del mercado eléctrico para adaptarlo a un sistema con mayor participación de energías renovables, almacenamiento y recursos distribuidos.

En síntesis, esta ley representa un avance significativo y probablemente el más importante desde el término del congelamiento tarifario, pero debe entenderse como parte de una agenda de modernización regulatoria que necesariamente continuará durante los próximos años.