Jorge Hurtado: «el gobierno ya ha reconocido que existen alzas significativas, lo que hace pensar en que podría venir un nuevo mecanismo»

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Jorge Hurtado, senior consultant en AFRY Management Consulting, analizó con ELECTROMINERÍA los resultados del Informe Técnico Preliminar del Precio Nudo Promedio, preparado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), manifestando su preocupación por el alza que se proyecta para el sector de pequeñas y medianas empresas, entre otros puntos.

Respecto a la implementación de la llamada Ley PEC 2 o MPC, el experto manifestó estar optimista: «Creo firmemente que saldremos de esta coyuntura tarifaria en la medida que se comiencen a publicar los decretos a tiempo y nos hagamos cargo de forma creativa del problema que enfrentan los clientes del tercer segmento en el corto-mediano plazo».

¿Qué le parece los resultados del informe técnico preliminar de la CNE sobre el precio nudo promedio?

Los resultados del Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio (informe preliminar PNP) son preocupantes. Este informe traspasa alzas relevantes a todos los clientes regulados, pero de forma especial a los clientes que pertenecen al tercer segmento (consumo promedio >500 kWh/mes), cuyas alzas oscilan entre un 40% a un 80% en la tarifa final (dependiendo de la comuna). Esto preocupa, ya que estos clientes representan justamente la pequeña y mediana industria de Chile, los que en su conjunto agregan más del 57% de la demanda de energía regulada. Si bien es cierto que este segmento corresponde a un número reducido de clientes, (menos del 10%), los resultados de este informe dejan en evidencia la magnitud del problema tarifario en Chile.

En primer lugar, el informe proyecta que, a comienzos del próximo año, se alcanzará el límite del fondo de estabilización que introdujo la ley MPC (USD1.800 millones por sobre los USD1.350 millones de la ley PEC). Por cómo está diseñada la ley, cuando el mecanismo MPC alcanza su límite, no existe más margen para estabilizar tarifas, lo que obliga al regulador a incorporar “cargos MPC”, y es aquí donde se produce el gran problema. Los clientes pertenecientes al tercer segmento no se encuentran protegido (los clientes del primer y segundo segmento se encuentran protegido por alzas máximas de IPC +5% y 10% respectivamente). Al no estar protegidos por la ley, ellos estarían absorbiendo toda la deuda por sobre los USD1.800millones. Para que nos demos cuenta de la magnitud del problema, este informe preliminar PNP (enero 23) proyecta para el tercer segmento un alza promedio en el cargo de la energía (PNP+cargo MPC) de 75% con respecto al decreto vigente, sin embargo, la siguiente fijación (julio 23) proyecta un alza del 192% con respecto al decreto vigente y esta alza se explica justamente por estos cargos MPC.

Por otro lado, si bien es cierto que se podía prever con bastante grado de certeza que los cargos de energía de esta fijación y la siguiente debían subir, producto de diversos factores, tales como: indexaciones de algunos PPAs regulados a índices de precios de combustibles, tipo de cambio, inflación (nacional y de EEUU), factores de modulación y diferencias de facturación (20,14$/kWh, USD362millones); existe también un alta cuota de incertidumbre en la evolución de los cargos de energía, producto de los retrasos en la publicación de los decretos tarifarios, que si recordamos, este decreto debió publicarse en enero del 2023. El costo de los retrasos, que pagaremos todos los clientes, asciende a más de USD279millones (15,53$/kWh), cargo que se pudo evitar de haber ejecutado la Ley en los plazos establecidos.

¿Qué impacto prevé que pueda tener este cambio tarifario con miras a la licitación de suministro a clientes regulados que se viene?

Desde mi punto de vista, creo que podría haber un impacto en los precios de la licitación de suministro 2023/01, que busca adjudicar 5.200 GWh/año. Esto se debe a que un oferente que actúa en competencia siempre busca cubrir sus costos de desarrollo más los costos de mercado (SSCC, sobrecostos, emisiones, los famosos ITs entre otros), ajustado a un riesgo razonable.

Respecto a este último punto, los actores podrían internalizar dos riesgos en las licitaciones reguladas: el primero consiste justamente con la tardanza en la publicación de los decretos tarifarios y las famosas diferencias de facturación. Estos dos conceptos (que siempre han existido), en la presente fijación ha generado costos por USD641millones, que han asumido todos los generadores y que según establece la regulación, será pagadas en seis cuotas mensuales, una vez se publique el decreto. Pienso que esto es un riesgo que algunos generadores, con menores espaldas financieras, podrían considerar en sus ofertas.

Un segundo riesgo consiste en el constante temor de que se implemente un nuevo mecanismo, y a que contratos podría afectar. Como hemos visto, estos mecanismos han afectado a los contratos con inicio de suministro previo al 2021. Es importante mencionar que el impacto puede ser grande o pequeño dependiendo de la empresa y su percepción del riesgo. Creo que aquí el gobierno tiene que dar definiciones claras lo antes posible.

A su juicio, ¿cuáles son los elementos que dan espacio a incertidumbre regulatoria en este proceso?

Creo que la Ley iba por un excelente camino, pues permitía alzas graduales en las tarifas, uso focalizado de los recursos y se hacía cargo de los saldos que ahora llamamos MPC, que es el exceso de los saldos PEC. Creo que la gran incertidumbre ahora es cuánto tiempo más tardarán los decretos en salir. Hemos visto que la tardanza en la publicación de decretos genera importantes costos para el consumidor final y mucha incertidumbre en el generador.

En segundo lugar, veo difícil que el gobierno traspase a los clientes ese nivel de precios, lo que generará un nuevo espacio de dialogo en la industria para la búsqueda de soluciones.  Creo que es fundamental no perder el foco del problema y que las medidas que se implementen no atrasen aún más la emisión de decretos tarifarios.

¿Qué perspectivas futuras ve con la implementación de la llamada Ley PEC 2 o MPC?

Soy optimista y creo firmemente que saldremos de esta coyuntura tarifaria en la medida que se comiencen a publicar los decretos a tiempo y nos hagamos cargo de forma creativa del problema que enfrentan los clientes del tercer segmento en el corto-mediano plazo.

Con respecto a las perspectivas del mecanismo, en primer lugar, hemos visto como el dólar, que es uno de los principales drivers de este mecanismo, ha logrado retornar a valores cercanos a los 850 CLP/USD. Si a lo anterior sumamos que los precios de los combustibles han ido volviendo a los valores previos a la pandemia y que irán venciendo contratos más “caros”, podríamos proyectar un PNP más bajo, lo que reduce el estrés del mecanismo de estabilización de tarifas hacía el futuro. Sin embargo, ya es un hecho que el límite se alcanzará, por lo que aún falta ver cuáles serán las definiciones del gobierno con respecto a las tarifas del tercer segmento de clientes.

¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar la industria con estas alzas del precio nudo?

Creo que hay dos desafíos importantes: el primero que debemos enfrentarlo en el corto plazo, es pensar en un mecanismo que permita ir en ayuda de aquellos clientes que lo necesiten (focalización) de forma rápida, sin atrasarse la publicación de decretos, pues como ya hemos visto (y perdón que reitere sobre este punto), estos atrasos solo agudizan el problema.

En segundo desafío, que es de largo plazo, y pasa por intentar que las tarifas sean lo más costo-reflectivas posible, esto permite dar señales adecuadas al sector.

¿Cómo ve que pueda salir el Informe Técnico Definitivo en esta materia que deberá emitir la CNE?

Esperaría que el Informe Técnico Definitivo varíe con respecto a esta versión. En primer lugar, el gobierno ya ha reconocido que existen alzas significativas, lo que hace pensar en que podría venir un nuevo mecanismo o nuevas definiciones.

En segundo lugar, hay un punto que se ha discutido bastante, que hace referencia a cargos MPC negativos. Si bien es cierto que la regulación dice en el artículo 30 de la RE N°86 y sus modificaciones, que con el fin de extinguir el saldo final restante se podrán determinar cargos o abonos adicionales que deberán ser traspasados a las tarifas de los clientes sujetos a regulación de precios. La presencia de cargos negativos (que se pueden aplicar) logra mitigar aumentos en las tarifas de todo el tercer segmento. Sin embargo, veo que se estarían destinando recursos del Mecanismo de manera focalizada a un determinado grupo de clientes (tercer segmento), a quienes la misma ley excluyó del mecanismo de estabilización al definir que este tipo de clientes debían pagar el denominado PNP a partir de este año.