Ley Marco sobre Cambio Climático «no basta por sí sola»

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Arturo Brandt es el presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental (Achidam), la cual está siguiendo de cerca los actuales desafíos que presenta el cambio climático en el país, especialmente en la forma en que la institucionalidad ambiental se adapta a este escenario, donde el sector energético y minero tienen un importante rol a la hora de enfrentar las emisiones de carbono, con el avance de la descarbonización.

En conversación con Electrominería, el abogado del Grupo Vial destaca los avances que se registran en el sector energético y en la industria minera para incorporar fuentes de emisiones menos contaminantes, particularmente con la electrificación de los procesos productivos en esta última, de la mano de la mayor oferta de generación de energía renovable que se produce en el primer sector.

¿Cuándo se creó la Asociación Chilena de Derecho Ambiental y cuántos miembros tiene actualmente?

Achidam fue creada en 1984 y actualmente cuenta con más de 60 miembros de los más diversos sectores, como académico, privado, público y ONGs.

¿Cuánto dura el período de la actual mesa, quiénes son los demás integrantes de la directiva y en qué cargos?

La actual directiva dura en sus funciones por 3 años y está compuesta por: Arturo Brandt: presidente; Paula Candia: secretaria ejecutiva; María José Zegers: tesorera; Clemente Pérez: director, y Juan Pablo Leppe, director.

¿Cuáles son los ejes centrales del trabajo que pretende impulsar, ya sea como presidente o la propia Asociación durante este 2023?

Abrirnos a la comunidad y aportar a la discusión constitucional, sin perder de vista los intereses e inquietudes de los asociados. En cuanto a temas, las prioridades serán la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), Cambio Climático, ESG, Uso del Suelo, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, delitos ambientales, entre otros. Si existe un impulso en la modificación del Sistema de Evaluación Ambiental, como se ha propuesto en las últimas semanas, seremos parte activa de dicha discusión. En la medida que vayan apareciendo inquietudes de parte de las autoridades o la ciudadanía, estamos disponibles para aportar a la discusión.

Normativa

¿Cómo está viendo el actual contexto normativo ambiental local en el escenario del Cambio Climático que enfrentamos?

La Ley Marco sobre Cambio Climático, representa en sí misma, un gran avance, que celebramos y apoyamos decididamente y vemos que está siendo aplicada en forma paulatina a nivel regional y sectorial, pero ella no basta por sí sola ya que como la ley se autodefine, es una Ley Marco que reordena y organiza la institucionalidad climática del país y crea instituciones y un marco jurídico que es necesario desarrollar. Se extraña que la ley no haya desarrollado un rol más activo del sector privado creando los incentivos para que este sector, responsable de un 85% del PIB de nuestro país, participe en forma más activa, más allá de la regulación. Un ejemplo de ello es el desarrollo de instrumentos económicos y financieros de apoyo. Del mismo modo, se debe avanzar en el desarrollo de principios para que nuestro sistema de educación contenga en forma detallada y obligatoria el cambio climático a las futuras generaciones, lo cual no se contempla en la Ley. Se observa la creación de ocho nuevas instituciones donde algunas de ellas podrían haber sido cubiertas por otras ya existentes. Tampoco está claro el rol de los hidrocarburos en nuestra matriz energética, responsables de un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Cree que esta normativa ambiental vigente en Chile sea aplicable en los sectores minero y energético?

Creo que sí. En forma indirecta por los planes regionales y de los organismos sectoriales, y más adelante, y en forma más directa, cuando se incorpore formalmente el factor climático a la evaluación de proyectos y actividades en el SEA. La estrategia climática de largo plazo incorpora metas de emisión de gases de efecto invernadero en forma sectorial, y luego viene la bajada a las empresas que son reguladas por cada Ministerio, de tal modo que será aplicable a estas industrias. Pero más allá de la regulación, se está viendo que en el caso de la industria minera, esta se está viendo condicionada por las exigencias de sus compradores que están exigiendo cada vez más, nuevos estándares de producción a nuestros minerales. Un claro ejemplo de ello es la energía que utilizan en sus procesos productivos. Se observa con claridad un avance hacia fuentes de generación más limpias, tanto en el consumo eléctrico como en el combustible de su transporte. De este modo aquellas empresas que no se adapten a la producción de un cobre “más verde” van a ir perdiendo participación de mercado.

¿Ve espacio para que ambos sectores puedan innovar producto de la normativa ambiental existente en el país?

Siempre queda espacio para mejorar y ser más eficientes a la hora de proteger el medio ambiente o de, al menos, compatibilizar la ejecución de proyectos con impacto ambiental con la protección del medio ambiente. El rápido desarrollo del Derecho ambiental en estos últimos 50 años es prueba de ello. Más que la norma, lo que está forzando a las empresas a innovar, son las exigencias de los mercados internacionales que muchas veces son más estrictas que la regulación local.

¿Qué regulación ambiental es necesario que tenga Chile? ¿Qué aspectos debe considerar que aún no tiene o aun no incorpora?

Una nueva ley de áreas protegidas que ordene la materia a nivel sustantivo e institucional, una ley de delitos ambientales propiamente tal, y una ley marco de suelos, entre otras. Sin embargo, da la impresión que con lo que tenemos hoy se podría hacer más si se destinara mayor presupuesto a la institucionalidad ambiental existente. Otro tema en el cual se debe mejorar muchísimo es en los presupuestos de fiscalización. Nada logramos con tener leyes de buena calidad, si no existen los incentivos ni los recursos para fiscalizar su cumplimiento en forma efectiva. A la SMA se le debe aumentar su presupuesto para que pueda cumplir con las funciones que la ley le ha encomendado en forma eficiente.