Marco regulatorio para la digitalización del sistema eléctrico

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La transformación del sistema eléctrico chileno ya está en marcha. La incorporación de generación distribuida, almacenamiento, electromovilidad, medición inteligente y nuevas herramientas digitales está cambiando la forma en que producimos, distribuimos y consumimos electricidad.

A mi juicio, el desafío que tenemos por delante no es solamente tecnológico. Es también regulatorio: ¿están nuestras reglas preparadas para un sistema eléctrico cada vez más digital, descentralizado y bidireccional?

Durante décadas, la red eléctrica funcionó bajo una lógica relativamente simple: grandes centrales generaban electricidad, las redes la transportaban y distribuían, y los usuarios consumían.

Esa realidad está cambiando. Hoy un mismo usuario puede consumir energía, generar parte de ella mediante paneles solares, almacenarla en una batería y modificar sus consumos de acuerdo con las condiciones del sistema.

Este cambio es especialmente relevante para la distribución. Las redes comienzan a dejar de ser solamente el último eslabón de la cadena eléctrica y adquieren un papel mucho más activo.

El propio Ministerio de Energía ha identificado la necesidad de revisar aspectos del diseño regulatorio de la distribución para responder a nuevas tecnologías y a los cambios en los patrones de consumo y generación. A esto se suma un elemento que tendrá cada vez mayor importancia: los datos. Una red inteligente no consiste simplemente en instalar más medidores y sensores.

Su verdadero potencial está en utilizar esa información para operar mejor el sistema. Esto plantea preguntas regulatorias relevantes: quién puede acceder a los datos, bajo qué condiciones, cómo se asegura la interoperabilidad entre plataformas y cómo se protege la información de los usuarios. También está cambiando el papel de los consumidores. Las baterías, los vehículos eléctricos, la generación distribuida y determinados consumos pueden aportar flexibilidad al sistema.

Por ello, la regulación deberá avanzar hacia una visión que no considere únicamente quién genera y quién consume, sino también quién puede aportar flexibilidad y qué valor tiene ese aporte. Chile tiene hoy una oportunidad para avanzar en esta discusión. La implementación de la Ley de Transición Energética y las modificaciones regulatorias que se están desarrollando permiten incorporar una mirada de largo plazo.

No se trata de modificar las reglas cada vez que aparece una nueva tecnología, sino de contar con un marco capaz de facilitar la innovación y, al mismo tiempo, resguardar la seguridad, la calidad del suministro, los usuarios y la competencia. El desafío, entonces, no es simplemente digitalizar las redes eléctricas. Es lograr que la regulación evolucione al ritmo de la tecnología.

Si queremos aprovechar realmente las oportunidades de las redes inteligentes, tendremos que avanzar en materias como datos, interoperabilidad, ciberseguridad, recursos energéticos distribuidos y mecanismos que reconozcan el valor de la flexibilidad. La tecnología ya está cambiando nuestro sistema eléctrico. Ahora corresponde que la regulación sea capaz de acompañar ese cambio. Una red inteligente necesita también una regulación preparada para esa nueva realidad