Patricio Montecino: “es necesario que los servicios evaluadores tengan una buena coordinación para hacer una tramitación más expedita”

Mar 24, 2023 | Panorama Energético

Para el académico de la Universidad de Chile, experto en vinculación territorial y relaciones comunitarias, es fundamental la creación de instancias de comunicación permanente como las mesas de trabajo, empresa-comunidad, destinadas a establecer un dialogo abierto y resolver las controversias.

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Si bien Chile vive una masificación de proyectos energéticos solares, eólicos e hídricos, la ausencia de una planificación territorial generará conflictos crecientes para localizarse debido al rechazo que generarán en comunidades y organizaciones no gubernamentales; y a la falta de políticas públicas descentralizadas que eviten la estandarización de los problemas y de las soluciones, dando paso a una mejor articulación entre sectores, pero sobre todo entre los niveles de intervención nacional, regional y local.

En conversación con ELECTROMINERÍA, Patricio Montecino, jefe de proyectos en el Centro de Ingeniería Organizacional del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile; experto en vinculación territorial, permisos ambientales y relaciones comunitarias, este problema se agrava por la ausencia de una planificación territorial que permita prever y conducir esta situación, logrando, por ejemplo, que los proyectos de energía sean compatibles con una estrategia de desarrollo regional que pueda ser discutida y consensuada con actores sociales y políticos.

A su juicio, la falta de instrumentos que vinculen la construcción de infraestructura energética con el ordenamiento territorial, produce incertidumbre regulatoria, impide optimizar infraestructuras comunes y multiplica impactos innecesariamente.

¿Cómo analiza la institucionalidad actual para llevar adelante la tramitación de proyectos energéticos, desde el punto de vista del ordenamiento territorial y en relacionamiento comunitario?

Nuestra institucionalidad no considera la diversidad geográfica del país por lo que no proporciona una mirada territorial si no sectorial lo que implica ver los problemas a escala nacional y no con las características propias del territorio específico. No existe el nivel de descentralización necesario que permita tomar de decisiones desde los territorios y sus características.

Esto además de generar disparidades territoriales establece condiciones impuestas por la base físico-natural y la respuesta de la sociedad en torno a cómo organizar en el territorio. Además se requiere de una capacidad de respuesta a distintas escalas, que eviten la estandarización de los problemas y de las soluciones, dando paso a una mejor articulación entre sectores, pero sobre todo entre los niveles de intervención nacional, regional y local.

Es por lo anterior que los desafíos de una gobernanza territorial a la escala regional suponen además de un enfoque consensuado, atribuciones y competencias suficientes para este nivel, sobre cuya base se puede generar una planificación y gestión territorial integrada. Esto no existe o está muy poco desarrollado actualmente lo que implica una dificultad para la tramitación de proyectos.

En lo que respecta al relacionamiento comunitario no es algo que esté regulado, existiendo una iniciativa en proyecto denominada Institucionalidad de Diálogo Territorial que busca generar una política pública para normar los procesos de diálogo y relacionamiento en los grandes proyectos de inversión que se realicen en el país.

No obstante lo anterior hoy en día los proyectos y las empresas en general se relacionan con la comunidad conociendo sus líderes y organizaciones, estableciendo diálogos, y desarrollando planes de comunicación e iniciativas de apoyo a la comunidad.

La institucionalidad actual no regula ni limita el relacionamiento con las comunidades y deja abierta y entregada a la iniciativa que tenga cada proyecto o empresa para efectuarla. Sólo está regulada la Participación Ciudadana y para poder efectuar esta de buena forma, es necesario realizar una participación ciudadana temprana, definiendo el área de influencia de forma preliminar, confeccionando un mapa de stakeholders, un mapa de riesgos sociales y desarrollando un plan de comunicaciones para dar a conocer la iniciativa.

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¿De qué forma se puede modernizar el aparato público en términos de eficiencia en la tramitación de proyectos energéticos?

Más que una modernización lo que es necesario es que los servicios evaluadores tengan una buena coordinación para hacer una tramitación más expedita sobre todo en lo que se refiere a la permisología de los proyectos.

Otro aspecto relevante en este sentido es que los organismos evaluadores de los proyectos aceleren sus procesos de transformación tecnológica, para que toda la tramitación sea manejada de forma integrada y coordinada en línea, Esto permitirá que todo el sistema de evaluación de proyectos sea más productivo y eficiente.

¿Cómo evalúa la recepción de las comunidades y territorios a los proyectos solares y eólicos?

Estos proyectos que si bien es cierto en su operación no producen impactos sobre los componentes que hoy más le preocupan a la sociedad en general que son aire y agua, son intensivos en la ocupación de territorio.

Es por este motivo que los conflictos que pueden ocurrir tengan relación con territorios que tienen un significado o uso especial para la comunidad, tales como áreas ceremoniales, de pastoreo y tránsito de ganado, de plantas medicinales, de significado o asociado a aspectos medioambientales y otras.

¿Qué le parecen las propuestas de Generadoras de Chile de que los proyectos eléctricos se consideren como infraestructuras de interés nacional, lo ve factible?

Esta propuesta que tiene por objetivo poder acelerar la aprobación para el desarrollo de los proyectos, con especial énfasis en la transmisión, puede tener dos miradas, una positiva permitiendo concretar los proyectos y resolver los problemas actuales de transmisión y una negativa que podría repercutir en un aumento de desconfianza de la comunidad por el trato preferente que recibirían estas iniciativas. Pero sin lugar a dudas en lo que se refiere a las líneas de transmisión, es algo que debe por lo menos ser analizado ya que va en dirección a cumplir con la estrategia energética nacional.

¿Cree que incorporar la variable de cambio climático para la evaluación de proyectos sea acorde, por qué?

La Ley 21.455 de Cambio Climático, promulgada el 2022, en su artículo 40 indica que, los proyectos o actividades que se sometan a evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la ley considerarán la variable de cambio climático en los componentes del medio ambiente que sean pertinentes, conforme lo disponga el reglamento respectivo.

Por lo anterior es obligatorio en todos los proyectos considerar la variable cambio climático hoy en día en las evaluaciones de los proyectos. Esto es más crítico en los hídricos ya que el cambio climático ha producido una disminución en las precipitaciones y por ende en la disponibilidad de agua en las cuencas.

También la disminución de disponibilidad de agua y su efecto sobre la desertificación de los territorios de la zona centro-norte del país ha repercutido negativamente en las economías locales de las comunidades, lo que se debe tener en consideración en las evaluaciones sociales.

La escasez del recurso hídrico es hoy en día uno de los temas de mayor criticidad para la sociedad en general por lo que existe una gran sensibilidad ante cualquier iniciativa que lo afecte. Esto se debe considerar al desarrollar un proyecto de este tipo.

Sin embargo esta ley determina que se debe considerar el cambio climático en todos los componentes de medio ambiente que sean pertinentes por lo que también afectará el componente aire con los gases de efecto invernadero y otros propios de cada territorio.

A medida que los proyectos se acercan a poblaciones y centros de consumo, aumenta el potencial de conflictividad entre territorio y comunidades, ¿Qué se puede hacer en este ámbito, considerando que se viene un proyecto de envergadura como Kimal-Lo Aguirre?

Importante hacer una participación ciudadana anticipada o temprana, que implica ingresar al territorio antes de que la ingeniería del proyecto esté terminada, informar claramente de las características más importantes del proyecto y sus impactos, recoger las inquietudes de las comunidades, hacer los cambios y adaptaciones al proyecto que les den tranquilidad a las comunidades y que permitan iniciar una buena relación que beneficie a ambas partes y que se proyecte en el largo plazo.

En este sentido es fundamental la creación de instancias de comunicación permanente como las mesas de trabajo, empresa-comunidad, destinadas a establecer un dialogo abierto y resolver las controversias.

Con esto se crean espacios de participación e inclusión para las comunidades, involucrándolos en el proceso de diseño y desarrollo de los proyectos los que los hará sentirse tomados en cuenta.

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