Perú: Generadoras alertan sobre cambios regulatorios para licitaciones de suministro en su país

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Durante el II Foro de Generadoras Eléctricas (Forgen 2025), realizado el 23 y 24 de octubre en Urubamba, Perú, representantes del sector energético debatieron los alcances y riesgos de la nueva Ley 32249, que redefine el esquema de licitaciones eléctricas en el país vecino. La norma busca garantizar precios eficientes y una planificación de largo plazo, pero actores del sector advierten que su reglamentación podría generar distorsiones y limitar la competencia.

La nueva Ley 32249 podría obligar a las distribuidoras a elaborar planes de licitación a diez años, con la posibilidad de suscribir contratos de corto, mediano y largo plazo -de hasta quince años-, con el fin de reducir la volatilidad de precios y asegurar el suministro eléctrico.

El Ministerio de Energía y Minas y el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) defienden que este esquema permitirá mayor previsibilidad y estabilidad tarifaria, favoreciendo la diversificación energética. Sin embargo, la versión preliminar del reglamento -aún en revisión- ha generado preocupación entre las generadoras, principalmente por las
restricciones a la participación de plantas existentes en licitaciones de largo plazo y por la obligación de contratar energía por bloques horarios.

El esquema de bloques, según diversos actores, puede generar competencia desbalanceada. En bloques de horas solares, donde los precios suelen ser más bajos, la competencia podría ser intensa, mientras que en horarios nocturnos o de menor disponibilidad de recursos renovables la oferta se reduciría, encareciendo el costo promedio. Para las empresas, ello
podría traducirse en precios menos competitivos en conjunto y en una asignación ineficiente de la energía.

“Si se limita la participación de generación existente, se está reduciendo artificialmente la competencia”, advirtió Carlos León, gerente legal y de regulación de Kallpa Generación, quien alertó que el enfoque del reglamento “podría priorizar el ingreso de nueva generación sobre la búsqueda del menor precio para el cliente regulado”. León señaló además que la rigidez del esquema propuesto “puede derivar en sobreinversión o subcontratación”, si no se adapta a los cambios de la demanda y a la migración de clientes hacia el mercado libre.

Desde el regulador, Severo Buenalaya, gerente de Generación y Transmisión Eléctrica de Osinergmin, el organo fiscalizador y regulador del sector energético en Perú, recordó que el país no realiza licitaciones desde 2015, lo que ha obligado a los distribuidores a comprar energía en contratos bilaterales a precios elevados. “Era necesario un cambio estructural; la nueva ley busca restablecer un mecanismo previsible y competitivo que garantice seguridad de suministro”, señaló. No obstante, reconoció que el reglamento final debe “asegurar condiciones equitativas entre generación nueva y existente, sobre todo para contratos de suministro continuo las 24 horas”.

Buenalaya explicó además que el marco normativo apunta a resolver una serie de problemas heredados: la falta de flexibilidad de las distribuidoras para contratar energía, la concentración de ofertas en determinados tipos de tecnologías y la ausencia de mecanismos que promuevan competencia real en todo el ciclo del suministro. “No podemos repetir los errores del pasado, cuando la falta de licitaciones obligó a comprar energía cara. El objetivo ahora es planificar con eficiencia y evitar desequilibrios en el sistema”, enfatizó.

El experto chileno Iván Saavedra, director de la consultora IESD, aportó una mirada comparativa al proceso peruano, señalando que la experiencia chilena ofrece lecciones importantes. “En Chile, las primeras licitaciones reguladas partieron con buenas intenciones, pero terminaron con precios altos y desajustes entre costos reales y tarifas”, recordó.

Según Saavedra, el diseño de licitaciones “debe asegurar que la transición hacia una matriz más limpia también sea económicamente sostenible”. Añadió que “buenas bases de licitación no garantizan necesariamente buenos precios finales” y subrayó la necesidad de reflejar los costos estructurales en los contratos regulados para evitar impactos sociales y financieros.

Saavedra también advirtió sobre los riesgos de replicar esquemas rígidos que no reconozcan los cambios tecnológicos ni la evolución de los mercados eléctricos. “Hoy se habla de transición energética, pero esa transición debe ser ordenada, transparente y con señales de precios que reflejen la realidad del sistema. Si no, podemos terminar con un mercado distorsionado, con precios bajos artificialmente en ciertas horas y altos en otras, que al final afectan al consumidor”, comentó.

En la discusión hubo consenso en que Perú enfrenta una oportunidad crucial: modernizar su sistema de licitaciones, equilibrando los objetivos de competencia, eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, los expertos insistieron en que el éxito dependerá del diseño final del reglamento y de la capacidad del Estado para implementar un marco que fomente la inversión, sin distorsionar el mercado.

Como resumió Buenalaya al cierre del panel en donde se trataron estos temas, “todos queremos un sistema seguro, que opere con competencia y permita crecer al país con energía confiable y sostenible”.