Proyecto de transición energética: Valgesta Nueva Energía advierte por el «principio de la coordinación»

Comparte en:

En su boletín mensual de junio Valgesta Nueva Energía analizó el proyecto de ley de transición energética enviado por el Ministerio de Energía al Congreso, señalando los puntos positivos de la iniciativa, además de poner atención en otros aspectos más complejos que -a juicio de la consultora- deberían ser estudiados y discutidos con mayor profundidad, como lo es el llamado «principio de la coordinación».

En este punto, el análisis del boletín indica que «junto con la obligación de garantizar el acceso abierto y una operación segura y económica, el proyecto dispone que se debe propender a una operación del sistema eléctrico bajo en emisiones de gases de efecto invernadero», añadiendo que acá es necesario «un mayor trabajo prelegislativo, que permita a todos los actores comprender los alcances de lo que se busca».

«¿Cuál es el problema que se pretende resolver con dicha disposición? Suponemos que el problema detectado por el Ministerio de Energía es que la operación del sistema dispuesta por el Coordinador Eléctrico Nacional, al preservar la seguridad y la eficiencia económica de la operación, determinaría una operación con mayores emisiones de las que el sistema eléctrico podría generar. En este sentido, cabe hacerse la pregunta de si la reducción de emisiones que tendríamos con la introducción de este nuevo principio se realizará impactando la seguridad de la operación o ésta será menos económica que la que tenemos con la ley vigente. Por cierto, si esa es la solución prevista, al menos se deberían transparentar los impactos que se originarán tanto a nivel del mercado mayorista como del mercado de contratos con clientes libres y regulados», plantea el documento.

Según Valgesta, las materias tratadas en el proyecto de ley requieren distintos tratamientos legislativos, pues «hay medidas de corto plazo que el mercado eléctrico requiere con urgencia, como la reasignación de ingresos tarifarios y almacenamiento, los que seguramente tendrán un amplio debate en el Parlamento, puesto que, por el momento, no cuentan con consenso técnico ni soporte de todos los actores, en especial de
los clientes libres (¿y quién representará a los clientes regulados?)».