Systep: decreto de racionamiento debe resguardar seguridad de suministro sin distorsionar señales económicas

Ago 3, 2026 | Panorama Energético

Análisis plantea que su aplicación debe mantenerse como una medida excepcional para no alterar los incentivos de inversión ni las señales de precio del Sistema Eléctrico Nacional.

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El decreto de racionamiento debe seguir siendo una herramienta excepcional destinada exclusivamente a enfrentar situaciones reales de insuficiencia física de recursos, evitando que su utilización termine modificando las señales económicas que orientan las decisiones de inversión y operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Así lo señala el reporte mensual de Systep Ingeniería, que analiza el mecanismo tras el episodio registrado en julio pasado, donde se sostiene que la discusión no debe centrarse únicamente en si corresponde o no dictar el decreto, sino también en los efectos que este puede generar sobre el funcionamiento del mercado eléctrico.

«El episodio de julio de 2026 mostró que el decreto de racionamiento es más que un instrumento para enfrentar emergencias, sino también una pieza relevante del diseño institucional con que el sistema administra situaciones de escasez», señala el texto, precisando que la relevancia del decreto «no radica solo en las facultades que entrega al CEN, sino también en la forma en que su utilización puede alterar las señales económicas que orientan las decisiones de operación e inversión».

Mecanismo

La editorial recuerda que, aunque a comienzos de julio la Comisión Nacional de Energía (CNE) recomendó la emisión de un decreto debido al riesgo de estrechez del sistema, finalmente este no fue publicado tras las lluvias registradas durante la segunda mitad del mes, pero Systep sostiene que el episodio ofrece una oportunidad para comprender el funcionamiento de esta herramienta.

«Un decreto de racionamiento no implica necesariamente cortes de suministro. Más bien, entrega facultades extraordinarias al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) para administrar la operación del sistema bajo criterios distintos a los habituales», señala el reporte.

Según el análisis, la recomendación de la CNE respondió a la combinación de varios factores de riesgo, entre ellos la escasez hídrica, restricciones en el abastecimiento de gas natural, altos requerimientos de diésel, mantenimientos programados de centrales y eventuales problemas en la infraestructura de transmisión.

Escasez

El documento explica que el decreto adquiere sentido cuando los mecanismos normales de sustitución de generación alcanzan sus límites físicos. «El problema aparece cuando el gas o el diésel también escasean. En esas circunstancias, el precio sigue siendo un mecanismo para competir por el combustible disponible, pero deja de ser suficiente para resolver el problema del abastecimiento».

En ese contexto, el decreto permite al Coordinador adoptar medidas extraordinarias para administrar los recursos disponibles, aunque «ninguna de estas herramientas produce energía adicional, solo reordenan un equilibrio entre riesgo y disponibilidad».

Riesgo

Uno de los principales cuestionamientos de la editorial es que algunas de las herramientas habilitadas durante un decreto podrían afectar los costos marginales del sistema y, con ello, las señales económicas que incentivan nuevas inversiones. «Si se autoriza usar agua de embalses de reserva en vez de diésel o gas para cubrir la demanda, la central marginal cambia y el costo del sistema baja, sin que la escasez haya desaparecido».

Por ello, plantea una interrogante sobre el alcance del mecanismo, planteando que «garantizar el suministro durante la escasez es indispensable, pero también lo es preservar las señales económicas del sistema».

El análisis sostiene además que el diseño institucional deja abiertas interrogantes respecto de la distribución de responsabilidades entre el Coordinador Eléctrico Nacional y las empresas generadoras, especialmente porque las compensaciones económicas por eventuales déficits recaen sobre las generadoras, lo que lleva a preguntarse si los incentivos están correctamente alineados.

Asimismo, advierte sobre un proyecto de ley que busca ampliar las causales que permitirían decretar un racionamiento, concluyendo que «el punto no es que el decreto sea indebido, sino que su uso depende de que exista una expectativa fundada de insuficiencia física de recursos, y no una forma de administrar a la baja el costo de una escasez que el mercado debe observar para tomar sus decisiones de largo plazo».

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