Valgesta Nueva Energía: tarifas son el principal riesgo político del próximo período de gobierno

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El tema tarifario en el sector eléctrico será el principal tema que deberá enfrentar el futuro gobierno del Presidente electro, José Antonio Kast, además de los cambios necesarios a la institucionalidad del sector y a otras discusiones, como la calidad del servicio y la seguridad en la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Así lo sostiene el análisis mensual de Valgesta Nueva Energía, donde se abordan los desafíos de la próxima administración, que asumirá en marzo de 2026, señalando que existe la oportunidad de pasar de una política reactiva a una política de Estado energética con perfeccionamiento institucional, a nivel regulatorio y de mercado.

«El próximo gobierno recibirá un sector energético que, pese a los avances indiscutibles de la transición energética, enfrenta tensiones estructurales que ya no pueden ser abordadas con parches regulatorios ni con respuestas reactivas. El período 2025 dejó en evidencia que el problema ya no es la falta de inversión en generación renovable, sino la fragilidad del diseño institucional, regulatorio y operativo que sostiene al sistema eléctrico chileno», señala la consultora.

Tarifas

Según el diagnóstico, las tarifas son uno de los ejes más sensibles del próximo ciclo gubernamental, debido a las alzas acumuladas superiores al 70% en los últimos años, junto al pago de la deuda con distribuidoras asociada a los atrasos del VAD, la reducción gradual del cargo MPC y la corrección de errores tarifarios relevantes detectados en generación y transmisión.

«El problema no es solo el nivel de tarifas, sino la ausencia de una política tarifaria estructural acorde con los desafíos actuales, estable y predecible, capaz de absorber shocks macroeconómicos, como tipo de cambio y variabilidad en el precio de los combustibles a nivel internacional, sin generar distorsiones ni acumulación de deudas implícitas», indica el reporte.

«La experiencia reciente demuestra que los mecanismos transitorios mal diseñados terminan hipotecando el futuro y erosionando la confianza en el regulador. El próximo gobierno deberá decidir si continúa administrando contingencias o avanzar hacia instrumentos financieros y regulatorios modernos que permitan estabilizar tarifas sin romper las señales económicas ni cargar costos ocultos a generaciones futuras», añade.

También señala la necesidad de que la calidad de servicio, con inversiones reconocidas y metas exigentes, sea un objetivo explícito de política pública, además de corregir las fallas estructurales tras el apagón del 25 de febrero pasado, lo que «exige fortalecer la planificación, mejorar el mercado de servicios complementarios, revisar los incentivos a la flexibilidad y, sobre todo, elevar el estándar de coordinación interinstitucional».

En materia de institucionalidad, Valgesta indica que el próximo gobierno «tendrá la oportunidad y la responsabilidad de impulsar una reforma institucional, idealmente alineada con las mejores prácticas OCDE, que fortalezca la independencia técnica, la rendición de cuentas y la evaluación de impactos regulatorios. Postergar nuevamente esta discusión solo aumentará los costos económicos y políticos de las futuras crisis».